Tribunal de Cuentas rechaza devolver a ERC 2,1 millones con los que avaló a los líderes del procés y da la razón a SCC

Mantiene a Puigdemont y Toni Comín en el procedimiento y rechaza el argumento de su «inmunidad» como europarlamentarios, según la asociación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que el tribunal fiscalizador les devuelva el depósito de 2,1 millones de euros, que tuvieron que depositar como aval por la malversación de dinero público cometida por los líderes del ‘procés’ durante la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según informa Sociedad Civil Catalana.

El Tribunal también ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por los europarlamentarios Carles Puigdemont y Antoni Comín, al que se sumaron Josep Manuel Suárez, Martí Anglada y Lluís Puig, contra un decreto del citado Tribunal, por el que se admitía a trámite una demanda presentada por la Fiscalía, por responsabilidad contable contra varios de los principales líderes del procés independentista, a los que reclama 3,4 millones de euros.

Tanto el Ministerio Fiscal como Societat Civil Catalana (SCC) impugnaron los recursos de reposición presentados por los dirigentes independentistas.

Según SCC, la decisión anunciada finalmente por el Tribunal de Cuentas «da al traste» con la intención de Puigdemont y Comín de quedar al margen del procedimiento y «deja claro que ser miembro del Parlamento Europeo no exime de cumplir con la responsabilidad contable frente al Tribunal de Cuentas».

Sociedad Civil Catalana había presentado una demanda el pasado mes de en el Tribunal de Cuentas, contra once exaltos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros, al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat, en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional del procés.

En el mes de abril, los líderes independentistas interpusieron varios recursos de reposición contra el decreto del Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal y Sociedad Civil Catalana los impugnaron, pidiendo la desestimación de los mismos.

Según esta asociación, la decisión de Tribunal de Cuentas refuerza la posición de SCC cuya presidenta, Elda Mata Miró-Sans, exige «que el dinero público malversado se devuelva y destine a fines legales y al bien común».

«La Generalitat ha dedicado durante años millones de euros de las arcas públicas, pagados con nuestros impuestos, a impulsar actuaciones sectarias que atentan contra la ley y los principios básicos del Estado de derecho», ha resaltado Mata Miró-Sans. En este sentido, ha dejado claro que SCC no permitirá que el gobierno catalán siga actuando «con total impunidad» y, en consecuencia, advierten de que responderán con una acción judicial a cada «acto de ilegalidad».

En la nota de prensa difundida por Sociedad Civil Catalana, el bufete que la representa, Chapapría-Navarro & Asociados, considera que estas resoluciones permiten «garantizar parte del dinero que el independentismo malversó, con la finalidad de que pueda ser devuelto a todos los catalanes» y «garantizan que Carles Puigdemont vaya a ser parte en el procedimiento de principio a fin, sin poder eludir sus responsabilidades».

Los incausados en la demanda presentada por SCC son: Carles Puigdemont (al que reclaman 3,3 millones de euros); Oriol Junqueras (2,5 millones); Artur Mas (1,84); Raül Romeva (617.000 euros); Dolors Bassa (1,3 millones); Francesc Homs (1,93 millones); Antoni Comín (1,13 millones); Clara Ponsatí (900.000 euros); Jordi Turull (505.000 euros); Neus Munté (338.000 euros) y Lluis Puig (238.000 euros).

Sociedad Civil Catalana les acusa de haber utilizado locales públicos para la consulta ilegal, violando así la neutralidad del espacio público, y de destinar dinero público a gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum ilegal. Un dinero, aseguran, que es del conjunto de los ciudadanos que también sirvió para sufragar las papeletas, pagar viajes a supuestos observadores internacionales y contratar a lobbies para la promoción de la causa independentista.

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