Vocales se desmarcan del acuerdo del Pleno del CGPJ sobre la reforma exprés del PSOE: «Interfiere en el debate político»

Dicen que «lo importante es la necesaria renovación del CGPJ y el cumplimiento de la Constitución»

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Un grupo de cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alineados con el sector progresista, han emitido un voto particular para desmarcarse del acuerdo alcanzado el pasado lunes por el Pleno para pedir al Congreso que recabe informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma exprés impulsada por el PSOE para que pueda nombrar a sus dos candidatos del Tribunal Constitucional (TC) al considerar que «interfiere en el debate político».

Así lo ha plasmado el vocal Álvaro Cuesta en un voto particular al que se han adherido sus compañeros Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Concepción Saez, y al que ha tenido acceso Europa Press.

Los firmantes se posicionan contra el acuerdo por el que el Pleno decidió «solicitar al Congreso que recabe el informe del CGPJ en relación con la proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo, en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales».

Por virtud del mismo acuerdo, que salió adelante con diez votos a favor, siete en contra –incluidos los de estos cinco vocales– y dos en blanco, el Pleno también decidió «solicitar al Congreso que, en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho», la conocida como Comisión de Venecia, del Consejo de Europa.

Estos cinco vocales sostienen que dicho acuerdo «no es acorde a la legalidad, a tenor de la LOPJ en su articulo 561, ni al marco normativo de la UE y supone una extralimitación de funciones del CGPJ, una interferencia en la función legislativa de las Cortes Generales, así como en el debate parlamentario sobre el Estado de la Nación», por lo que no dudan en afirmar que «no respeta la separación de poderes».

«El CGPJ se extralimita en sus competencias con el mencionado acuerdo e interfiere en le debate político, con un claro sesgo y pérdida de la apariencia de imparcialidad», denuncian.

A este respecto, explican que «el CGPJ no tiene atribuciones ni título habilitante para exigir del Congreso de los Diputados que abra un trámite para que el Consejo informe con carácter previo las proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido» la Cámara Baja.

«Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni la LOPJ, sea o no lo más conveniente, desde que existe el CGPJ, ya hace más de 40 años, obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de las proposiciones de ley, sean o no tomadas en consideración, al CGPJ», subrayan.

Con todo, lamentan que de esta forma «el CGPJ pierde toda la apariencia de imparcialidad, pues refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo».

«COADYUVANTE» DEL BLOQUEO

Van un paso más allá y apuntan que de esta forma «parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del CGPJ o tienen una gran responsabilidad en ello».

Así, insisten en que «el problema que debería ocupar al Consejo no es si una proposición de ley se somete o no a consulta previa o se tramita por el trámite de urgencia, es decir, no es cómo ejerce el Parlamento».

«El problema de fondo», reiteran, «es que por causa de una inconstitucional y reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación del CGPJ se está violando la Constitución y desprestigiando al Parlamento y a órganos constitucionales, como el propio Consejo, pretendiendo atentar contra la independencia del Poder Judicial o, como mínimo, contra las condiciones más adecuadas para que los jueces y juezas españoles puedan desarrollar su trabajo».

Para estos cinco vocales, «tal bloqueo de la renovación del CGPJ es un intento de ‘manipular por la puerta de atrás’ el órgano constitucional», en una alusión velada al PP, al que no llegan a nombrar expresamente en el voto particular.

Lo consideran igualmente «un desprecio intolerable a esta institución y al principio democrático de la separación de poderes, además de una gravísima desconsideración a los derechos y expectativas de los 50 juezas y jueces, magistradas y magistrados, que hace ya mas de tres años y medio presentaron sus candidaturas, cumpliendo todos los requisitos legales, para la renovación de este órgano constitucional».

Concluyen, por tanto, que «lo importante es la necesaria renovación del CGPJ y el cumplimiento de la Contitución» y que por eso «así debería haberse pronunciado el Peno del Consejo, instando a las cámaras, a los grupos y al grupo que mayor responsabilidad tiene, por su actitud boicoteadora, a dar cumplimiento del mandato constitucional de renovación en plazo, poniendo fin a esta anomalía constitucional».

Aprovechan para recordar que «renovar en el plazo legal las altas instituciones del Estado, y en concreto el CGPJ, es un imperativo constitucional, un derecho-deber de las cámaras», por lo que enfatizan que «obstaculizar dicha renovación es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas», así como «un intento artero e irresponsable de manipulación del CGPJ».

«ESPAÑA NO ES POLONIA»

Estos cinco vocales también llaman la atención sobre el hecho de que el acuerdo del Pleno «insinúa» que el Congreso «desatiende» las recomendaciones de la Comisión Europea.

A su juicio, esto «es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado».

«España no es Polonia», fijan los firmantes, para aclarar a renglón seguido que las recomendaciones citadas por el acuerdo del Pleno tenían como «único destinatario» a Polonia.

En este contexto, apostillan que «la UE no pide ni exige a España ni a sus estados miembros que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de justicia, estatuto judicial, organización, procedimientos o derechos fundamentales se sometan previamente a informe de los consejos superiores de la magistratura».

Por ello, estiman que dicha mención a las recomendaciones comunitarias «supone un menosprecio muy grave a la credibilidad de España y de sus instituciones democráticas, atentando contra la dignidad del Parlamento español, situándolo al margen del Estado de Derecho, como si no fuera un parlamento de un país democrático».

«A juicio de quienes suscriben este voto particular, el Consejo debería defender su dignidad como institución, evitando confusiones que comprometan su independencia y la trayectoria de sus años de gestión institucional al servicio del interés publico y de la independencia del Poder Judicial, máxime cuando está bloqueada de manera inconstitucional su renovación y caducado su mandato, en más de 1.318 días», cierran.

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