Un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Ciudad Real puso a los investigadores sobre la pista de una empresa ficticia que habría contratado de forma irregular a 25 trabajadores
Las cotizaciones no satisfechas por esos supuestos trabajadores y las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los mismos habrían supuesto cerca de 350.000 euros defraudados a la Seguridad Social
Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real y la Guardia Civil, ha permitido detener a 19 personas en relación con una empresa ficticia con sede social en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real). La mercantil habría dado de alta de manera fraudulenta en el Régimen General de la Seguridad Social a 25 supuestos trabajadores con la finalidad de que los mismos pudieran regularizar su situación administrativa en España y/o acceder indebidamente a prestaciones por desempleo.
La investigación comenzó en mayo del pasado año tras recibir los agentes un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Ciudad Real, junto con las correspondientes actas por infracciones administrativas cometidas por dicha empresa. Según dichos documentos, la empresa habría contraído una deuda con la Seguridad Social que ascendía a casi 214.000 euros, al no haber abonado las cuotas correspondientes por los trabajadores mencionados, a los que había dado de alta, simulando así una relación laboral con los mismos que en realidad no existía.
Más de 130.000 euros en prestaciones por desempleo
Las posteriores gestiones realizadas por los agentes permitieron averiguar que los trabajadores, por su parte, habían aprovechado también esa supuesta relación laboral para defraudar nuevamente a la Seguridad Social cobrando prestaciones por desempleo de forma irregular por un valor total de más de 130.000 euros, así como para regularizar su situación administrativa en España en el caso de los no españoles.
La operación se ha saldado con la detención de 19 personas, doce de ellas de nacionalidad española, seis de nacionalidad rumana y una de nacionalidad ecuatoriana por un delito de fraude a la Seguridad Social realizado a través de una empresa ficticia y cuyo montante total asciende a casi 350.000 euros.
