Mas ha sido condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista no oficial celebrada en 2014 en Catalunya, que había sido paralizada previamente por el Tribunal Constitucional español
La Justicia española ha condenado a dos años de inhabilitación política al ex jefe del Gobierno catalán Artur Mas por la consulta independentista no oficial que impulsó en 2014 en la región española, lo que supone un nuevo golpe para el proceso separatista liderado por el Ejecutivo regional.
Si el fallo judicial se confirma, el hombre que lideró hasta hace poco más de un año el desafío secesionista catalán no podrá volver a la primera línea de la política en un momento clave, en el que el Gobierno de la región busca celebrar un referéndum soberanista y dar el paso definitivo para «desconectar» Cataluña del resto de España.
«Vamos a recurrir (la sentencia). Llegaremos a las últimas instancias de la Justicia europea», anunció hoy Mas, de 61 años, en una primera reacción ante la prensa.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el pasado febrero juzgó al ex líder catalán, lo consideró culpable de un delito de desobediencia al entender que en noviembre de 2014 obvió el mandato del Tribunal Constitucional al organizar una consulta soberanista no oficial cuya convocatoria había sido suspendida previamente.
El tribunal también acordó inhabilitar a dos ex responsables de su Gobierno: Joana Ortega fue condenada a un año y nueve meses de inhabilitación e Irene Rigau, a un año y medio. Los tres fueron absueltos del delito de prevaricación administrativa.
«En el Estado español, la ley no es igual para todos (…) Hay muchos casos de desobediencia al Tribunal Constitucional y a nadie le ha pasado nada», criticó Artur Mas en su comparecencia pública.
La Fiscalía solicitaba para el ex presidente del Gobierno catalán diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau, a quienes consideraba «cooperadoras necesarias».
Los tres fueron juzgados a principios de febrero en Barcelona por la votación no oficial celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, que fue impulsada como un «proceso participativo» después de que el Tribunal Constitucional paralizara una convocatoria oficial previa.
Sin embargo, el alto tribunal también suspendió ese segundo intento, lo que no impidió que más de dos millones de personas votaran en las urnas de cartón ubicadas ese día por la región, de 7,5 millones de habitantes. El 80 por ciento dijo «sí» a una Cataluña independiente.
«Concertados entre sí para ello, decidieron mantener el proceso participativo anunciado», sostiene la sentencia apuntando a Mas, Ortega y Rigau.
«Volveríamos a hacer exactamente lo mismo lo que hicimos. No nos arrepentimos», dijo hoy el ex presidente del Gobierno catalán. «Somos demócratas y la convicción de un demócrata es escuchar a la gente y actuar en consecuencia», añadió.
La decisión judicial conocida hoy suscitó numerosas reacciones en Cataluña y en el resto de España.
El actual presidente del Gobierno catalán, el independentista Carles Puigdemont, la calificó de «error» y la comparó con el anuncio de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, de que solicitará autorización legal para celebrar un segundo referéndum de secesión.
«¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables», expresó el mandatario catalán en Twitter.
Para el partido liberal Ciudadanos, el más importante de la oposición en Cataluña, la sentencia «cierra todas las dudas de la posibilidad legal de un referéndum» sobre la independencia en Cataluña, que el Gobierno de la región pretende celebrar antes de septiembre.
Desde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, gobernante en España y opuesto al proceso soberanista catalán, destacaron que «la Justicia pone a cada uno en su sitio» y que «nadie está por encima de la ley», en palabras de su portavoz Pablo Casado.
El Partido Socialista (PSOE) pidió a los tres condenados que «acaten» y «respeten» la sentencia, que a su vez fue criticada por el partido izquierdista Podemos, cuyo líder la tildó de «vergüenza».
Mas guió a Cataluña hacia la independencia en el último lustro. En enero de 2016 tuvo que echarse a un lado y ceder la presidencia del Gobierno catalán a Carles Puigdemont por las presiones de un grupo político, la CUP, clave para la continuidad del proceso secesionista.
En los últimos meses, algunas voces habían vaticinado su retorno a la política activa como candidato electoral de su formación, el Partido Demócrata Catalán, después de que el actual jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, descartara aspirar a revalidar su cargo.
Pero el futuro de Artur Mas se complica por momentos. A la inhabilitación a la que fue condenado hoy -aunque no sea firme, la ley española impide concurrir a unas elecciones- se suman las sospechas de corrupción que planean sobre su partido, la antigua Convergència (CDC) refundada como Partido Demócrata Catalán.
El foco se fijó de nuevo en la formación nacionalista catalana y en su líder hace unos días, cuando el principal acusado de un caso de corrupción aseguró que ésta cobró durante años comisiones ilegales de empresas a cambio de adjudicación de obra pública.
La sentencia dictada hoy, que responde a una querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado español, supone un hito en la guerra judicial desatada entre Barcelona y Madrid.
El Gobierno de Mariano Rajoy, contrario al proceso separatista catalán, impugnó en los últimos años ante la Justicia cada uno de los pasos dados por las autoridades de la región hacia la secesión.
Además de Mas, Ortega y Rigau, otros dos políticos catalanes se han sentado en el banquillo de los acusados recientemente.
Uno es el que fuera mano derecha de Mas en el Gobierno, Francesc Homs, hoy diputado y acusado por la consulta soberanista no oficial de 2014. Otra es la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, acusada de desobedecer al Constitucional por permitir en la Cámara regional la votación de una resolución independentista.
