España afronta este miércoles una jornada de huelga general —la primera convocada a nivel nacional con unas elecciones ya convocadas— 14 años después de la última gran movilización. La protesta, impulsada bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios' por centrales sindicales como CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT, Intersindical, Solidaridad Obrera y la Unión de Actores y Actrices, sitúa en el centro del debate la necesidad de garantizar salarios dignos y el derecho a la vivienda a precio protegido.
Las primeras horas de la convocatoria han estado marcadas por el despliegue de piquetes informativos que han provocado alteraciones significativas en la red viaria de Cataluña, cortando accesos en vías estratégicas como la autopista AP-7, la autovía A-2 y la Ronda del Litoral (B-10) en Barcelona. Asimismo, se han registrado afecciones en los accesos al Parc Logístic de la Zona Franca y en Mercabarna, donde manifestantes han bloqueado la entrada de vehículos con la quema de neumáticos y madera. En Madrid, la M-30 ha sufrido retenciones tras ser bloqueada a la altura de Legazpi.
Cargas policiales y detenciones en Mercamadrid, Bizkaia y Granada
El desarrollo de la jornada matutina ha registrado intervenciones de las fuerzas de seguridad en distintos puntos operativos. En Mercamadrid, el principal mercado de distribución de alimentos de España, las intervenciones policiales se han saldado con un detenido y 13 personas atendidas por contusiones o irritaciones oculares a causa del uso de gas pimienta. Por su parte, la organización UGT ha reprochado la actuación policial frente a las cocheras de Metro de Granada, mientras que en el polígono industrial de Zamudio (Bizkaia) se ha producido la detención de un delegado sindical de CCOO.
En contraste, la actividad ha transcurrido sin incidentes destacados en la Comunitat Valenciana, aunque el paro ha paralizado la operativa habitual en el Puerto de Valencia, restringida a mercancías peligrosas y productos perecederos. En el ámbito industrial, la representación sindical de Seat Martorell en Barcelona ha calificado de éxito total el seguimiento del turno nocturno en la planta.
Choque político y debate sobre la crisis residencial
El catalizador de este paro general fue el desahucio de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años evicted el pasado septiembre y fallecida recientemente. La convocatoria ha profundizado la brecha entre el Gobierno, que se ha mostrado favorable a las demandas de movilización, y formaciones como el PP,Vox y la patronal CEOE, cuyos representantes consideran que la jornada obedece a razones ideológicas y electorales. Otras organizaciones como CSIF y USO no se han sumado a la huelga.
Desde los colectivos convocantes, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Sandra Mora, ha destacado el nivel de articulación de la jornada mediante más de 1.000 comités de huelga en barrios de más de 100 ciudades. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que la problemática residencial responde a un fallo estructural de las políticas públicas y ha reclamado la creación de una infraestructura con al menos un millón y medio de viviendas protegidas.
España afronta este miércoles una jornada de huelga general —la primera convocada a nivel nacional con unas elecciones ya convocadas— 14 años después de la última gran movilización. La protesta, impulsada bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios' por centrales sindicales como CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT, Intersindical, Solidaridad Obrera y la Unión de Actores y Actrices, sitúa en el centro del debate la necesidad de garantizar salarios dignos y el derecho a la vivienda a precio protegido.
Las primeras horas de la convocatoria han estado marcadas por el despliegue de piquetes informativos que han provocado alteraciones significativas en la red viaria de Cataluña, cortando accesos en vías estratégicas como la autopista AP-7, la autovía A-2 y la Ronda del Litoral (B-10) en Barcelona. Asimismo, se han registrado afecciones en los accesos al Parc Logístic de la Zona Franca y en Mercabarna, donde manifestantes han bloqueado la entrada de vehículos con la quema de neumáticos y madera. En Madrid, la M-30 ha sufrido retenciones tras ser bloqueada a la altura de Legazpi.
Cargas policiales y detenciones en Mercamadrid, Bizkaia y Granada
El desarrollo de la jornada matutina ha registrado intervenciones de las fuerzas de seguridad en distintos puntos operativos. En Mercamadrid, el principal mercado de distribución de alimentos de España, las intervenciones policiales se han saldado con un detenido y 13 personas atendidas por contusiones o irritaciones oculares a causa del uso de gas pimienta. Por su parte, la organización UGT ha reprochado la actuación policial frente a las cocheras de Metro de Granada, mientras que en el polígono industrial de Zamudio (Bizkaia) se ha producido la detención de un delegado sindical de CCOO.
En contraste, la actividad ha transcurrido sin incidentes destacados en la Comunitat Valenciana, aunque el paro ha paralizado la operativa habitual en el Puerto de Valencia, restringida a mercancías peligrosas y productos perecederos. En el ámbito industrial, la representación sindical de Seat Martorell en Barcelona ha calificado de éxito total el seguimiento del turno nocturno en la planta.
Choque político y debate sobre la crisis residencial
El catalizador de este paro general fue el desahucio de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años evicted el pasado septiembre y fallecida recientemente. La convocatoria ha profundizado la brecha entre el Gobierno, que se ha mostrado favorable a las demandas de movilización, y formaciones como el PP,Vox y la patronal CEOE, cuyos representantes consideran que la jornada obedece a razones ideológicas y electorales. Otras organizaciones como CSIF y USO no se han sumado a la huelga.
Desde los colectivos convocantes, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Sandra Mora, ha destacado el nivel de articulación de la jornada mediante más de 1.000 comités de huelga en barrios de más de 100 ciudades. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha incidido en que la problemática residencial responde a un fallo estructural de las políticas públicas y ha reclamado la creación de una infraestructura con al menos un millón y medio de viviendas protegidas.
