La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por VOX contra el auto del 9 de noviembre que denegó ampliar las medidas cautelares relativas al voto de los hijos mayores de edad de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘Ley de Nietos’. El auto, fechado este miércoles, 18 de noviembre, no impone costas.
La Sala reitera que, en el estado «tan avanzado» del proceso electoral, con la votación a menos de dos semanas, no es posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo electoral de residentes ausentes (CERA) que concluya antes de la votación e incluso del escrutinio, y que además garantice el derecho de defensa de los afectados.
Qué pedía VOX
El partido, que recurre el acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, pedía extender la suspensión cautelar a los electores del CERA que adquirieron la nacionalidad como hijos mayores de edad de personas cuya inscripción ya está suspendida. Solicitaba que se identificara nominalmente a los afectados mediante el cruce de datos, que se excluyera a los descendientes de los 901 titulares con certificación consular y que se separaran y custodiaran sus sobres sin computarlos hasta nueva resolución. Subsidiariamente, pedía completar el cruce en 48 horas.
VOX sostenía que bastaba con cruzar el anexo III, de 189.678 personas, con los 901 titulares certificados, y que la medida podía ejecutarse antes del escrutinio del voto CERA.
Los argumentos de la Sala
El Supremo rechaza que la operación sea tan sencilla. Explica que habría que identificar, entre las 189.678 personas del anexo III, a quienes adquirieron la nacionalidad como hijos mayores de edad de las 113.326 personas con inscripción suspendida, cifra que resulta del último informe de la Oficina del Censo Electoral (11 de noviembre). Ello obligaría a la Administración consular a confrontar los expedientes uno a uno, para no incluir a quienes lo hicieron por la Ley 52/2007, mientras atiende el resto de operaciones electorales.
La Sala añade que tampoco podrían satisfacerse las garantías de defensa de los afectados. Recuerda que, aun con tramitación acelerada, transcurrió un mes entre el emplazamiento de los interesados en las medidas del 10 de septiembre y la resolución de sus alegaciones el 9 de noviembre. Subraya además la importancia de que el censo esté cerrado con antelación suficiente: las copias del censo se entregaron a las candidaturas a partir del 2 de noviembre.
El auto señala que la petición inicial de VOX fue «muy genérica» y que no precisó ni mostró entonces la conexión de esta medida con el objeto del proceso, por lo que no puede hacerlo ahora. Reconoce, no obstante, que si se hubiera planteado al inicio de la pieza cautelar «la respuesta podría haber sido distinta», y recuerda que la pieza cautelar no puede anticipar el fallo. Precisa que una eventual sentencia estimatoria no perdería su efecto útil, porque su objeto va más allá de estas elecciones.
Cumplimiento de las medidas iniciales
La Sala recuerda que la Oficina del Censo Electoral certificó el 11 de noviembre el cumplimiento del auto del 10 de septiembre, con 113.326 personas afectadas, a tiempo de la votación y del inicio del depósito del voto en los consulados el 21 de noviembre. Admite que la Administración General del Estado no actuó con la diligencia exigible, como ya dijo en su auto de 12 de octubre.
Votos particulares
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo formula un voto discrepante. Considera que el recurso debió estimarse, que la convocatoria electoral no debía prevalecer sobre la regularidad del censo y que las operaciones son «bastante sencillas» con los medios informáticos disponibles. Sostiene que 163.020 progenitores estaban irregularmente inscritos y que solo 901 lo estaban válidamente, y discrepa de que la identificación se haga a partir de las 113.326 personas con inscripción suspendida.
La magistrada María Alicia Millán Herrandis formula un voto concurrente: coincide en desestimar el recurso, pero no comparte toda la argumentación y reproduce los razonamientos de su voto del 9 de noviembre.
En el procedimiento se opusieron al recurso la Asociación Extranjeristas en Red, el Ministerio Fiscal, un grupo de afectados y el Abogado del Estado.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por VOX contra el auto del 9 de noviembre que denegó ampliar las medidas cautelares relativas al voto de los hijos mayores de edad de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘Ley de Nietos’. El auto, fechado este miércoles, 18 de noviembre, no impone costas.
La Sala reitera que, en el estado «tan avanzado» del proceso electoral, con la votación a menos de dos semanas, no es posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo electoral de residentes ausentes (CERA) que concluya antes de la votación e incluso del escrutinio, y que además garantice el derecho de defensa de los afectados.
Qué pedía VOX
El partido, que recurre el acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, pedía extender la suspensión cautelar a los electores del CERA que adquirieron la nacionalidad como hijos mayores de edad de personas cuya inscripción ya está suspendida. Solicitaba que se identificara nominalmente a los afectados mediante el cruce de datos, que se excluyera a los descendientes de los 901 titulares con certificación consular y que se separaran y custodiaran sus sobres sin computarlos hasta nueva resolución. Subsidiariamente, pedía completar el cruce en 48 horas.
VOX sostenía que bastaba con cruzar el anexo III, de 189.678 personas, con los 901 titulares certificados, y que la medida podía ejecutarse antes del escrutinio del voto CERA.
Los argumentos de la Sala
El Supremo rechaza que la operación sea tan sencilla. Explica que habría que identificar, entre las 189.678 personas del anexo III, a quienes adquirieron la nacionalidad como hijos mayores de edad de las 113.326 personas con inscripción suspendida, cifra que resulta del último informe de la Oficina del Censo Electoral (11 de noviembre). Ello obligaría a la Administración consular a confrontar los expedientes uno a uno, para no incluir a quienes lo hicieron por la Ley 52/2007, mientras atiende el resto de operaciones electorales.
La Sala añade que tampoco podrían satisfacerse las garantías de defensa de los afectados. Recuerda que, aun con tramitación acelerada, transcurrió un mes entre el emplazamiento de los interesados en las medidas del 10 de septiembre y la resolución de sus alegaciones el 9 de noviembre. Subraya además la importancia de que el censo esté cerrado con antelación suficiente: las copias del censo se entregaron a las candidaturas a partir del 2 de noviembre.
El auto señala que la petición inicial de VOX fue «muy genérica» y que no precisó ni mostró entonces la conexión de esta medida con el objeto del proceso, por lo que no puede hacerlo ahora. Reconoce, no obstante, que si se hubiera planteado al inicio de la pieza cautelar «la respuesta podría haber sido distinta», y recuerda que la pieza cautelar no puede anticipar el fallo. Precisa que una eventual sentencia estimatoria no perdería su efecto útil, porque su objeto va más allá de estas elecciones.
Cumplimiento de las medidas iniciales
La Sala recuerda que la Oficina del Censo Electoral certificó el 11 de noviembre el cumplimiento del auto del 10 de septiembre, con 113.326 personas afectadas, a tiempo de la votación y del inicio del depósito del voto en los consulados el 21 de noviembre. Admite que la Administración General del Estado no actuó con la diligencia exigible, como ya dijo en su auto de 12 de octubre.
Votos particulares
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo formula un voto discrepante. Considera que el recurso debió estimarse, que la convocatoria electoral no debía prevalecer sobre la regularidad del censo y que las operaciones son «bastante sencillas» con los medios informáticos disponibles. Sostiene que 163.020 progenitores estaban irregularmente inscritos y que solo 901 lo estaban válidamente, y discrepa de que la identificación se haga a partir de las 113.326 personas con inscripción suspendida.
La magistrada María Alicia Millán Herrandis formula un voto concurrente: coincide en desestimar el recurso, pero no comparte toda la argumentación y reproduce los razonamientos de su voto del 9 de noviembre.
En el procedimiento se opusieron al recurso la Asociación Extranjeristas en Red, el Ministerio Fiscal, un grupo de afectados y el Abogado del Estado.