La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado a declarar el 18 de noviembre a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, por la entrada masiva irregular desde Marruecos a finales de julio. Esta citación se enmarca en la investigación sobre posibles anomalías en las comunicaciones operativas durante ese periodo.
La magistrada Tardón ha solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía un informe detallado sobre cualquier incidencia, análisis o informe de inteligencia relacionado con las comunicaciones entre el 28 de julio y el 5 de agosto. El objetivo es determinar si existieron actuaciones coordinadas que afectaran la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
Además, la juez ha requerido al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de llamadas recibidas entre el 30 y 31 de julio de 2026. Estas diligencias son previas a la decisión sobre otras solicitadas por la Fiscalía en relación con las anomalías detectadas.
Investigación sobre comunicaciones
La juez Tardón enfatiza la importancia de la normalidad en los sistemas de comunicación para la eficacia de los dispositivos de seguridad. Considera crucial determinar si las anomalías fueron causadas por saturación de las redes o por acciones deliberadas que perturbaron el funcionamiento de estos sistemas.
La magistrada subraya que los hechos ocurrieron en un contexto de alta intensidad, afectando intereses esenciales del Estado como la seguridad fronteriza y el control migratorio. Por ello, ha decidido avanzar en las investigaciones para esclarecer cualquier circunstancia relevante para la comprensión global de los hechos.
A pesar de las sospechas, Tardón señala que, salvo la declaración de un agente de policía, no hay pruebas objetivas de interferencias tecnológicas deliberadas. No obstante, comparte la necesidad de la Fiscalía de investigar estos aspectos para descartar o confirmar posibles ciberataques o sabotajes.
Implicaciones para la seguridad
Finalmente, la juez considera pertinente solicitar primero informes a la Comisaría General de Información y al COS de la Guardia Civil. Estas diligencias previas permitirán verificar el fundamento de las sospechas de la Fiscalía y decidir si se justifica abrir una nueva línea de investigación.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado a declarar el 18 de noviembre a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, por la entrada masiva irregular desde Marruecos a finales de julio. Esta citación se enmarca en la investigación sobre posibles anomalías en las comunicaciones operativas durante ese periodo.
La magistrada Tardón ha solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía un informe detallado sobre cualquier incidencia, análisis o informe de inteligencia relacionado con las comunicaciones entre el 28 de julio y el 5 de agosto. El objetivo es determinar si existieron actuaciones coordinadas que afectaran la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
Además, la juez ha requerido al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de llamadas recibidas entre el 30 y 31 de julio de 2026. Estas diligencias son previas a la decisión sobre otras solicitadas por la Fiscalía en relación con las anomalías detectadas.
Investigación sobre comunicaciones
La juez Tardón enfatiza la importancia de la normalidad en los sistemas de comunicación para la eficacia de los dispositivos de seguridad. Considera crucial determinar si las anomalías fueron causadas por saturación de las redes o por acciones deliberadas que perturbaron el funcionamiento de estos sistemas.
La magistrada subraya que los hechos ocurrieron en un contexto de alta intensidad, afectando intereses esenciales del Estado como la seguridad fronteriza y el control migratorio. Por ello, ha decidido avanzar en las investigaciones para esclarecer cualquier circunstancia relevante para la comprensión global de los hechos.
A pesar de las sospechas, Tardón señala que, salvo la declaración de un agente de policía, no hay pruebas objetivas de interferencias tecnológicas deliberadas. No obstante, comparte la necesidad de la Fiscalía de investigar estos aspectos para descartar o confirmar posibles ciberataques o sabotajes.
Implicaciones para la seguridad
Finalmente, la juez considera pertinente solicitar primero informes a la Comisaría General de Información y al COS de la Guardia Civil. Estas diligencias previas permitirán verificar el fundamento de las sospechas de la Fiscalía y decidir si se justifica abrir una nueva línea de investigación.
