BADAJOZ, 17 (EUROPA PRESS)
La Comisión Sectorial de Profesorado de las universidades públicas que conforman el Grupo 9 de Universidades (G-9) se ha mostrado «preocupada» por la «falta de compromisos» de financiación en el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de profesorado.
Los representantes del G-9, reunidos en Badajoz, bajo la presidencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, han analizado los detalles de dicha Ley en materia de profesorado y han formulado una serie de consultas que ya han sido enviadas a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), para su posterior traslado al Ministerio de Universidades para su «clarificación».
La aplicación adecuada de la Ley «solamente será posible y exitosa con una financiación adecuada», según el G-9, por lo que solicita una «solución urgente» para esta situación, a la par que constata que esta inquietud es «compartida por los gobiernos autonómicos», indica la Universidad de Extremadura (UEx) en nota de prensa.
Para el G-9 «hubiera sido deseable» que la definición de financiación de las medidas recogidas en la LOSU se hubiera producido «en coordinación con las universidades».
El G-9 ha solicitado, asimismo, seguridad jurídica en el régimen del personal docente e investigador, que garantice un «desarrollo exitoso» de la LOSU y, en particular, inciden en la necesidad de aclarar el régimen transitorio, con el fin de que se puedan atender las exigencias del curso 2023/2024.
En opinión de los responsables de Profesorado, sería «importante» que el desarrollo de los ámbitos del futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) se fueran definiendo «pronto», y además contando con las universidades en este proceso.
El G-9 ha manifestado, por último, su «voluntad constructiva» para mejorar, conjuntamente, el sistema público universitario.
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas.
Se trata de la Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora.
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